El exalcalde del puerto de La Libertad, Carlos Farabundo Molina, fue capturado la madrugada de este martes en un operativo denominado “Tsunami”, realizado en el departamento costeño contra la pandilla 18. (Foto cortesía/Comando 74)
Este criminal además de estar vinculados con las pandillas, hace años cuando todavía era alcalde, hizo un supuesto movimiento que ahora está repercutiendo a los pobladores del cantón Melara y al medio ambiente del país en general.
Y es que supuestamente operaciones indican que este criminal y ex alcalde, habría estado involucrado en la venta del terreno donde un botadero ilegal en dicho cantón, ahora propiedad del Sr. Salume.
Al exjefe edilicio se le acusa de los delitos de proposición y conspiración en delito de homicidio y agrupaciones ilicitas, informó la Policía Nacional Civil (PNC), y de confirmarse esta operación de venta de este botadero ilegal, se le podrían agregar otros delitos.
Molina era colaborador de la Pandilla 18 y según la corporación policial, canceló $3,000 para quitarle la vida a una mujer, quien era miembro de estructuras criminales.
El operativo se realizó en la zona del puerto, Zaragoza y en San Marcos, al sur de San Salvador, donde la policía dijo que preliminarmente se habían capturado a 58 personas.
Sobre botadero ilegal
Según una resolución del MARN, el botadero de La Libertad propiedad del Sr. Salume, no tiene permiso de operar, solo de construcción, además no cumplió ni rindió la fianza obligatoria y por último se le realizó una auditoría especial y no cumplió ninguno de los requisitos impuestos, en pocas palabras según un técnico ambientalista es un “botadero ilegal”.
Hace unas semanas el Juzgado Ambiental de Santa Tecla emitió un resolución sobre ese botadero de basura, sobre el cual dictó una serie de medidas a realizar de forma inmediata.
Según el escrito, emitido con fecha 19 de junio de 2018, se certificó a la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos ambientales en dicho botadero ubicado en el cantón Melara del municipio y departamento de La Libertad.
También se ordenó a la ministra del Medio Ambiente a realizar una auditoría ambiental porque incumplió desde el año 2015, debido a que no cuenta con permiso de operación.